Cazarín se pasa a la SCJN por arco del triunfo

Cazarín
El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín FOTO: FRANCISCO DE LUNA

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / DICE LA Suprema Corte de Justicia de la Nación que no acatar los fallos y jurisprudencias de ese tribunal constitucional -por parte de los gobiernos estatales, municipales o congresos locales- es contrariar el Estado de Derecho. Y no se trata de un tema menor, “porque cuando la Corte interpreta la Constitución, esa interpretación es lo que dice la Constitución, y aquél que no se ajusta a lo que dice la Constitución está realizando actos en contra de la democracia, del Estado de Derecho y del Estado Constitucional”, asegura el mismísimo ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y lo pone en contexto: “los intentos por darle la vuelta a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son contrarios a la democracia”, y por ello demanda “a los gobiernos y congresos locales acatar los fallos y jurisprudencias” de ese tribunal constitucional, “o de lo contrario estarían incurriendo, incluso, en un delito”. Y es que de acuerdo al ministro Zaldívar, congresos y gobiernos estatales del país han estado ignorando los fallos y jurisprudencias de la SCJN: “Tenemos temas muy importantes, como por ejemplo el matrimonio igualitario que ha sido declarado de manera reiterada constitucional por este tribunal, por lo que limitar el matrimonio a una unión entre hombre y mujer es inconstitucional, y no obstante tenemos legislaturas que por razones político-electorales no ajustan sus constituciones a lo que ha decidido la Corte, que es decir, a lo que establece la Constitución”.

Y VAYA que le asiste la razón el Presidente de la Corte; en Veracruz por ejemplo, el Congreso del Estado desafía al máximo tribunal del país al negarse a acatar la reinstalación del alcalde y síndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros Barradas, respectivamente, esta última, incluso detenida a principios de Marzo junto con el, ahora, ex contralor del municipio por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y peculado, que involucra el manejo de 1 millón 314 mil 940 pesos, hechos por los que la entonces encargada de la Fiscalía había solicitado desde el pasado 9 de Enero su destitución. Y aunque el procedimiento legal ante las acusaciones era el desafuero para investigar el caso, simple y llanamente se les detuvo con el respaldo de un Congreso Local al servicio de las fuerzas más oscuras de Palacio de Gobierno, y desde entonces permanece en prisión aun cuando no se trata de un delito grave, además de que, por otra parte, aún permanece sin una sentencia.

DESPUES DE la detención de la síndica, los diputados morenos azuzados por el que maneja el dinero, el titular de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, presionaron y lograron el desafuero del munícipe electo por voluntad popular, y cuando debieron llamar al suplente para que terminara el periodo, Cazarín impuso por sus pistolas a Eduardo Carranza Barradas como “alcalde interino” (aun cuando no existe esa figura), soslayando que había un suplente, en este caso José Alfredo López Carreto a quien mandó llamar para amenazarlo con mandarlo detener, ya que sobre su persona pesaban órdenes de aprehensión y lo mejor era que resolviera su caso, lo cual era falso, ya que semanas después el propio López Carreto promovió un amparo buscador y acudió a las oficinas de la FGE donde le aseguraron que en esa dependencia no obra ninguna carpeta de investigación en su contra, por lo que todo fue un ardid del diputado sureño que ante la falta de contrapesos hace lo que le viene en gana en el Congreso del Estado, engañando de la peor manera al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y abusando de su novatez como hombre de Estado.

POR ELLO el PAN exige a la Legislatura Estatal que acate la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el presidente municipal propietario de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez debe continuar en el cargo, ratificando la invalidez del Acta de Cabildo con fecha 12 de Marzo de 2020 en la que se designa a Eduardo Carranza Barradas como presidente municipal “interino”. La Sala Regional dio vista al Congreso de Veracruz para que en un plazo de diez días –contados a partir del 17 de este mes- se mande llamar al presidente municipal propietario de Actopan y se respete en sus términos la suspensión decretada por la SCJN. En caso de que Paulino Domínguez no acuda al cargo, deberá llamarse al presidente municipal suplente, José Alfredo López Carreto para que asuma el puesto hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional 17/2020, un asunto que encuadra en la demanda de la SCJN para que los congresos y gobiernos estatales respeten los fallos y jurisprudencias de ese tribunal constitucional, ya que de lo contrario estarían incurriendo en un delito, pero mareado en un tabique, el rupestre legislador de MoReNa, Juan Javier Gómez Cazarín casi vierte amenazas de detención contra los dirigentes de Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Tito Delfín Cano, y contra el diputado Omar Miranda Romero a quienes llama ignorantes, faltos de honestidad en sus declaraciones en torno al caso Actopan, rechazando la versión de que esa Legislatura ha ocultado información respecto a las resoluciones que han emitido los órganos jurisdiccionales , pues argumenta que todas las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son de carácter público y toda la ciudadanía tiene fácil acceso a ellas.

DE PASO recuerda al Secretario General del Comité Estatal, Tito Delfín Cano, que en su contra existe una denuncia por un presunto fraude millonario por una planta de tratamiento de aguas residuales que nunca construyó en Tierra Blanca cuando se desempeñó como alcalde, además de que en 2014 fue denunciado en la entonces Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por el presunto delito de desvío de recursos públicos y fraude por 3.5 millones de pesos que no habría pagado a un constructor por una obra que fue realizada con fondos federales etiquetados para el fortalecimiento de la infraestructura pública municipal. En pocas palabras, le advierte al PAN que tiene archivos para llevar a la cárcel a Delfín Cano y a otros ex dirigentes panistas si le siguen moviendo con la reinstalaciones del alcalde y síndico de Actopan, aun cuando sea un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que, para el caso, el ensoberbecido legislador se la pasa por el arco del triunfo. Así son estos caciquitos trasnochados cuando asumen el poder, aun cuando este sea efímero. OPINA [email protected]

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